La corrupción estructurada consiste en estructuras gubernamentales que hacen a los funcionarios encargados de ejercer frenos y contrapesos depender de aquellos a quienes deberían frenar o contrapesar. Este es el caso, por ejemplo, de jueces, fiscales y contralores cuya carrera y recursos descansan en manos del mandatario político. En consecuencia, estos, como condición de su propio bienestar, se ven obligados a usar sus facultades para defender los intereses del gobernante y de otros miembros de la red clientelista (aliados políticos, militantes del partido, otros funcionarios, etc.). Las redes de coerción e influencia creadas les otorgan privilegios, protección e impunidad a sus miembros y colaboradores (y dificultades a quienes las desafían u obstaculizan). Como resultado, estas redes jerárquicas toman el control de las instituciones del Estado.

En los sistemas de corrupción estructurada, los miembros de las redes clientelistas no son libres. Algunas de sus tramas pueden estar descentralizadas, pero el flujo de los frutos, la imposición de castigos y la concesión de protección no lo están. Estas redes clientelistas emplean los trámites burocráticos excesivos, la ineficiencia gubernamental y la opacidad institucional como herramientas para crear mayor dependencia en ellos y multiplicar las oportunidades de extorsión.