Lograr que se ejerzan frenos y contrapesos se vuelve vital en la lucha contra la corrupción debido a que, una vez que se le da al Gobierno la habilidad de controlar a los gobernados, se necesita forzar a los agentes gubernamentales a que se controlen a sí mismos; de lo contrario, la consecuencia es la impunidad y extralimitación de funciones. En otras palabras, no se pueden eliminar todos los conflictos de intereses, por lo que los distintos funcionarios y políticos deben frenarse unos a otros cuando traten de exceder su poder, o bien los intereses particulares de los distintos participantes deben, en suma, contrapesarse.

En América Latina, se considera que la convicción de ejercer frenos y contrapesos asegura su plena aplicación. Los valores cívicos de los agentes gubernamentales son el garante para que los frenos y contrapesos se apliquen. En consecuencia, se percibe que el problema se deriva de que los agentes gubernamentales no los encarnan, y la solución está en educar sobre su importancia para cambiar la cultura política.

Esta percepción ignora que la aplicación fiel de los frenos y contrapesos resulta del interés personal del agente gubernamental. Por ende, el problema se da cuando quien debe frenar y contrapesar a otro depende de este para su propio bienestar, lo que crea un conflicto de intereses. La solución está en la adopción de estructuras gubernamentales que eliminen estas dependencias y creen incentivos a fin de emplear los frenos y contrapesos para su uso previsto.