La palabra imparcial es importante debido a que la justicia requiere que el proceso de decisión gubernamental no muestre favoritismos. La imparcialidad se produce por la ausencia de conflictos de intereses (una condición situacional) y de prejuicios (como el racismo). En cambio, la actividad principal de la corrupción estructurada es socavar la imparcialidad de los funcionarios para que distribuyan los beneficios y castigos a favor de los miembros de la red clientelista.

Con frecuencia, en América Latina, imparcial se define como aquel que se abstiene de consideraciones subjetivas y se centra en la objetividad al realizar un juicio. Se entiende como una cualidad de la persona. En consecuencia, se percibe que el problema es el carácter de aquel que no ignora consideraciones subjetivas, y la solución está en reemplazar a esta persona por otra que honre el principio de imparcialidad.

Esta definición ignora que un agente gubernamental será naturalmente libre de actuar sin favoritismos si su propio bienestar (y el de sus seres queridos) no está (a sabiendas) atado a su decisión. Lo opuesto derivaría en la creación de un conflicto de intereses, como, por ejemplo, en el caso de jueces y fiscales que pueden ser promovidos o destituidos por el aliado político del litigante. Por esta razón, la imparcialidad resulta, en gran medida, una condición situacional y usualmente no basta solo con cambiar al agente gubernamental. Cuando la estructura gubernamental crea conflictos de intereses, la solución requiere emplear herramientas organizacionales para eliminarlos o neutralizarlos.