La expresión imperio de la ley encapsula la noción de supremacía de la ley sobre el hombre. Su antónimo es la arbitrariedad o la corrupción, de ahí su importancia en la lucha contra estas. Se obtiene cuando los que crean, interpretan y aplican las leyes no lo hacen con fines personales.

Usualmente, en América Latina, imperio de la ley se conceptualiza con base al conjunto de factores que se procura preservar: derechos personales; acceso abierto y rendición de cuentas; orden y seguridad; y justicia civil y criminal. En consecuencia, el problema observado es que la cultura vigente no le otorga primacía a estos principios (tal y como evidencia su constante quebrantamiento), y la solución está en inculcárselos a los líderes políticos y a la población.

Esta definición ignora que, si bien los objetivos y el imperio de la ley están relacionados, se trata de dos temas distintos. Las que permiten alcanzar el imperio de la ley son las herramientas que influyen en la imparcialidad, la lógica y la previsibilidad. Estas incluyen elecciones libres, un sistema legal profesional y los instrumentos organizacionales que reducen los conflictos de intereses, en especial, los que eliminan las dependencias entre los agentes gubernamentales que deberían frenarse y contrapesarse mutuamente.