La palabra clientelismo es importante en la lucha contra la corrupción debido a que describe el tipo más común de relación entre los miembros de un sistema de corrupción estructurada.

Usualmente, en América Latina, clientelismo se define como un intercambio de favores, en el cual ciertos agentes políticos obsequian recursos y servicios públicos para conseguir el libre apoyo de determinados grupos. Las personas tienen la libertad de rechazar los obsequios o de no devolver dichos favores al no brindar su apoyo. En consecuencia, se percibe que el problema surge de la cultura de la población y la solución estaría en inculcarle valores.

Esta definición ignora que, por norma general, el clientelismo no implica un intercambio de favores ni una relación entre iguales. El clientelismo se da en Estados cuya estructura de poder dentro del Gobierno le concede a la jerarquía política la habilidad de quitarle al pueblo o a determinados agentes gubernamentales sus derechos, libertades y oportunidades (puestos, contratos, permisos, becas, etc.) para luego subastarlos de vuelta en un trueque por su sumisión. Por esta razón, el problema reside en la existencia de una relación de coerción, y la solución pasa por eliminar las herramientas que les permiten ejercerla a aquellos con poder.