La palabra coerción es importante en la lucha contra la corrupción debido a que describe la práctica principal empleada por aquellos involucrados en la corrupción (estructurada). La posibilitan instrumentos que le permiten al presidente y a otros agentes políticos presionar a jueces, fiscales y demás funcionarios públicos al amenazarlos con la pérdida de su cargo, de recursos o de beneficios que afectan el bienestar personal o familiar.

En América Latina se asume comúnmente que la persona objeto de coerción, al igual, posee libre albedrío. Como no está siendo físicamente forzada, se presupone que esta mantiene la habilidad de guiarse por su brújula moral (decir «no» y atenerse a las consecuencias). Se percibe que la coerción solo ejerce efecto cuando falta el buen carácter moral y, en consecuencia, que el problema se encuentra en la víctima y la solución está en cambiarla por una con principios.

Esta definición ignora que tras la presión y la amenaza se esconde la fuerza del castigo. Quien se ve amenazado pierde su libertad en igual magnitud a la fuerza del ataque previsto. Por ejemplo, ante un asalto con un arma de fuego, la víctima sigue físicamente libre; sin embargo, pocas personas cuerdas ignorarían los mandatos del agresor. Esto no implica vileza moral, sino ausencia de libertad. Por ende, el problema radica en la existencia de dicha presión, y que la solución está en eliminar los instrumentos que posibilitan ejercerla.