La palabra corrupción puede definirse como el uso de la función pública motivado por intereses privados en oposición al interés general.

La autoridad otorgada a un agente gubernamental constituye un fideicomiso (disposición que le encomienda a alguien el buen cuidado de los bienes de otros) que este debe ejercer únicamente en beneficio de la comunidad. En la medida en que el agente rompa esta confianza, actuará de manera corrupta. Existen dos rutas para evitar la corrupción: crear humanos infalibles (ángeles) o alinear los intereses del fideicomisario (el agente gubernamental) con los intereses del fideicomitente (el pueblo).

En América Latina, con la intención de facilitar el examen de la corrupción rampante, es común que esta se subdivida en gran corrupción (esto es, abuso de la más alta autoridad por parte de funcionarios en beneficio propio y a expensas de muchos) y en pequeña corrupción (es decir, abuso de la autoridad por parte de servidores públicos en sus interacciones con el ciudadano común). En este análisis, el enfoque está en la cantidad de lo malversado y en el número de afectados. En consecuencia, el examen del tema se centra en la magnitud de los actos impropios y en las características (incluidas las morales) de los individuos involucrados.

Lamentablemente, el análisis anterior no hace nada por explicar o dar a entender los medios empleados para cometer los actos corruptos y proteger a sus protagonistas. Para facilitar el examen de la corrupción, esta debe centrarse en los medios. Esta práctica produce una subdivisión diferente: la corrupción estructurada y la corrupción desestructurada.