La independencia cobra importancia en la lucha contra la corrupción debido a que su ausencia (es decir, la presencia de dependencias) facilita la corrupción estructurada. La dependencia se establece cuando el bienestar (p. ej., los cargos, recursos, etc.) de los jueces, reguladores y otros funcionarios o el de sus familiares está en las manos del presidente u otro agente político, y la independencia, cuando no lo está.

En América Latina, la palabra independencia suele definirse como la «cualidad de imparcial». Por tanto, se conceptualiza como un rasgo del carácter: una decisión voluntaria de no ser un servil (quien se rinde a la voluntad de otro de modo rastrero). En consecuencia, se percibe que el problema se encuentra en el carácter de aquel que se subordina al poder de otro, y la solución está en cambiar al sujeto en cuestión por otro con capacidad y voluntad de actuar con independencia.

Esta definición ignora que la independencia describe un estado en el que no hay dependencias. La dependencia significa una relación entre patrón y dependiente, en la que el patrón controla recursos que determinan el bienestar del dependiente. Esto liga el bienestar del dependiente a los intereses del patrón, lo cual implica la pérdida de su propia libertad e imparcialidad. Por esta razón, el problema reside en la estructura de poder dentro del Gobierno, y la solución está en eliminar las dependencias que crean conflictos de intereses.