El término pequeña corrupción puede definirse como el abuso de la autoridad por parte de servidores públicos en sus interacciones con el ciudadano común. Esta forma de corrupción incluye, por ejemplo, pagos a servidores públicos a fin de acelerar la prestación de bienes y servicios públicos, o como condición necesaria para conseguirlos.

Este tipo de corrupción puede ser desestructurada; en ella, un agente gubernamental decide involucrarse en actos de corrupción libremente, sin que nadie ejerza coerción sobre él. No obstante, en América Latina, a juzgar por la impunidad generalizada y las estructuras existentes, la corrupción es a menudo estructurada. En la práctica, los cargos y puestos públicos se vuelven un botín clientelista. Estos se otorgan y se conservan a cambio de rentas (p. ej., apoyo electoral, pagos ilícitos o uso de su posición para favorecer a los miembros de la red clientelista). Los agentes gubernamentales le deben obediencia y lealtad a la red jerárquica, y a cambio reciben su favor y protección. En consecuencia, estos agentes no obran con libertad, algunas de sus tramas pueden estar descentralizadas, pero el flujo de rentas y de impunidad no lo está.