La separación de poderes aborda la idea de que una misma persona no debe ejercer como juez y como parte, ya que no será imparcial. La división tradicional se da entre el poder legislativo, judicial y ejecutivo, pero las divisiones también se pueden dar dentro de estos poderes (como entre los jueces y los jurados o el presidente y los fiscales).

En América Latina, se entiende que la separación de poderes es tan buena como lo sea la división de la autoridad entre distintos individuos o instituciones. En consecuencia, se percibe que, una vez que la autoridad ejecutiva, legislativa, judicial y electoral resida en distintas personas o instituciones, se goza de la plena separación de poderes.

Este entendimiento ignora que para lograr la separación de poderes efectiva no basta con dividir la autoridad entre distintos agentes gubernamentales; resulta necesario asegurar que estos sean estructuralmente independientes los unos de los otros. Por ejemplo, en el grado en que el presidente controle el escalafón profesional del poder judicial o los recursos del poder legislativo, el bienestar de sus integrantes quedará en sus manos y estos se verán presionados a defender sus intereses. Por esta razón, la mayoría de los países de América Latina no gozan de una verdadera separación de poderes, y la solución está en adoptar estructuras gubernamentales que eliminen las dependencias que crean conflictos de intereses.