La transparencia es una de las herramientas más importantes a la hora de desenmascarar y prevenir los casos de corrupción desestructurada. El acceso a la información pública, en términos generales, también contribuye al empoderamiento de los gobernados, ya que facilita su participación e implica un control civil sobre el uso del poder delegado.

En América Latina, la transparencia se conceptualiza como un principio; cuando una sociedad lo ha adoptado plenamente, funciona como un arma. En este contexto, se ha proclamado como la principal medida contra la corrupción y, por consiguiente, como la mejor forma de recuperar la confianza ciudadana en la gestión pública. En consecuencia, se percibe que el problema está en una población que no admite este principio y en líderes políticos que le rinden falsas alabanzas; la solución está en inculcárselo a los ciudadanos para que adquieran un entendimiento y una aceptación más profundos de los valores de acceso abierto y de rendición de cuentas.

Este razonamiento ignora que la transparencia es, en realidad, tan solo la denominación dada al resultado (acceso y rendición) del adecuado uso del amplio conjunto de instrumentos de acceso a la información pública y de rendición de cuentas. Estos instrumentos se adoptan y emplean de forma fiel únicamente cuando les conviene a los que otorgan acceso. En casos de corrupción estructurada, a ninguno de los miembros de las redes clientelistas le conviene otorgar este acceso ni rendir cuentas (transparencia); además, dado que las instituciones están controladas por ellos, estas ya les rinden cuentas y favorecen sus intereses.

La solución requiere establecer una estructura gubernamental que cree funcionarios e instituciones estructuralmente independientes, con incentivos para ejercer frenos y contrapesos. Dichas herramientas organizativas se estudian en detalle en la obra Estructuras para crear justicia: vanguardia del diseño constitucional.